La MEGAREPRESA PESCADERO no es simplemente una CENTRAL HIDROELECTRICA, es básicamente la PLANTA DE ENERGIA para la PLANTA PROCESADORA DE ALUMINIO proyectada en el Uraba antioqueño. Las multinacionales se abren camino y encuentran todos los beneficios tributarios, LICENCIAS AMBIENTALES y otros por parte DEL ESTADO. La ausencia de conocimiento hace posible todo esto y por ello donde no encuentran RESISTENCIA SOCIAL que propenda por la proteccion del medio ambiente y especificamente para nuestro caso LA SELVA DEL TAPON DEL DARIEN, ellos harán MEGAREPRESA y MEGAPLANTA DE ALUMINIO.
Esta historia que es nueva en nuestro territorio ya tubo su historia en CHILE años atrás. Quienes deseen avanzar sobre esta relación industria de aluminio y represas no solo puede leer el presente articulo sino que tambien descargar los documentos producidos por el MOVIMIENTO NO A LAS REPRESAS
Introducción
Campaña No Alumysa
Esta iniciativa nace el año 2001 impulsada por un grupo de organizaciones chilenas no gubernamentales y profesionales que trabajan en temas ambientales, sociales y ecológicos, quienes crean una coordinación denominada “Alianza Aysén Reserva de Vida”, que tiene por objetivo realizar una campaña ciudadana de oposición al proyecto Alumysa, que la trasnacional canadiense Noranda pretendía desarrollar en Chile, y que consistía en la instalación de un complejo industrial para la producción de aluminio. Este complejo industrial proyectaba instalarse en Aysén, XI región de Chile, transformando en un basurero de desechos industriales y tóxicos a una de las zonas de la Patagonia chilena que se caracteriza por su bajo nivel de deterioro ambiental.
Leer mas...http://www.ecosistemas.cl/1776/article-71415.html
martes, 30 de diciembre de 2008
domingo, 21 de diciembre de 2008
Viaje al corazón del alto Sinu
Nacional| 20 Dic 2008 - 10:00 pm
Los reparos a un megaproyecto hidroeléctrico
Por: Alfredo Molano
El escritor y periodista Alfredo Molano descubre uno a uno los “peros” de la construcción del embalse Urra II, un proyecto en el que está empeñado el alto Gobierno, y nos presenta, a su estilo, una desoladora radiografía ambiental.
Embalse Urrá I
Urrá I entró en funcionamiento en el año 2000. El embalse inundó 7.400 hectáreas y la obra costó 800 millones de dólares, que fueron financiados por la banca mundial.
La carretera entre Medellín y Montería es un mirador privilegiado de metáforas vivas. En la salida misma de la que se llamó la “tacita de plata”, agobian las comunas, debatiéndose entre la pobreza y el delito; más adelante, en zona fría, La Montaña —Don Matías y Santa Rosa— que huele a seminario y a leche. En el lomo de la cordillera, Valdivia, con sus casas encaramadas sobre el precipicio, y bajando hacia el río Cauca, sobre las cunetas de una carretera siempre en construcción, 232 ranchos, unos hechos con orillos de madera, llamados chilapos; otros, con cartón encerado, y los más, con plástico negro. Son las viviendas de campesinos expulsados de sus tierras hace 20 años que no acaban de llegar.
Más abajo, el río Cauca, impetuoso, envenenado con detergentes y matamalezas y, a sus orillas, las haciendas de los terratenientes paisas, mitad honrados, mitad mafiosos: ganado fino que reina en las vegas y en algunas donde hay humedales, hatos de búfalos. El búfalo, más depredador que la vaca, vive de la hierba de pantanos y con sus pezuñas y su peso aprieta la tierra y facilita la desecación. Es una máquina de hacer desierto, por lo que lo usan sus dueños para ganarles tierra a las ciénagas.
Por naturaleza, los terratenientes son expansionistas: les compran —o les compran— a los vecinos, desecan espejos de agua —que no les pertenecen— y corren las cercas hasta las bermas mismas de las carreteras, con el argumento de impedir invasiones. Es el paisaje económico entre Tarazá —tierra de Cuco Vanoy—, Caucasia —haciendas de Macaco— y Montería —tierras ubérrimas—. En el fondo es la historia expansiva y depredadora de la gran ganadería que ha imperado en Córdoba desde mediados del siglo XIX y que explica buena parte de la violencia que vive la región desde el asesinato de Gaitán. Pero es, además, el principio en que se funda la decisión del gobierno de Uribe de construir el embalse Urrá II, alias, “Proyecto río Sinú”. Las hidroeléctricas de Córdoba no son un asunto de energía y ni siquiera de aguas. Son un problema de tierras.
El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y Esmeralda; lo estrecha la loma de Quimar —donde se construyó Urrá I— y luego se riega por las sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión momposina. Todas son tierras riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.
En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de un conflicto social que desde la importación del pasto pará, a fines del siglo XIX, no cesa. Los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos —trabajadores anfibios, herederos de los zenúes— resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el Incora en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas.
La última guerra civil (1899-1902) movilizó los ejércitos conservadores antioqueños hacia el Sinú para cerrar el paso de los liberales atrincherados en Panamá. Los antioqueños descubrieron así unas tierras ocupadas por bosques ricos en maderas finas —que terminaron siendo explotadas por compañías extranjeras— y por una población indígena desplazada por negros cimarrones o libertos, desplazados a su turno por mestizos —o chilapos—, todos pescadores y todos agricultores y todos ocupando territorios definidos. Los hacendados, todos blancos y ricos, llegaron de Bolívar, de Antioquia y de Magdalena.
En los años 30, cuando López sacó adelante la función social de la propiedad, los terratenientes ocupaban tierras baldías con sus ganados para hacer actos de posesión sobre ellas, y los campesinos invadían tierras baldías o no con el mismo propósito. Los hacendados eran también militares y políticos, como el coronel Francisco Burgos y el general Pedro Nel Ospina, símbolos de un terratenientismo desaforado; y de otro lado, los campesinos eran sindicalistas organizados por Vicente Adamo, un anarquista italiano, o por Juana Julia Guzmán, una “mulata briosita”.
La ocupación de tierras y ciénagas se acentuó durante la Violencia de los 50. Julio Guerra se levantó en el alto San Jorge contra la persecución de los chulavitas y controló hasta los años 60 la región del Paramillo, donde a fines de la década nació el Epl. En las sabanas, los campesinos afianzaban sus posesiones con Baluartes y Colonias Campesinas, mientras el gobierno valorizaba las tierras con la construcción de carreteras —de Turbo a Valencia, de Arboletes a Montería, de Turbo a Pueblo Bello—. Justo por la alta rentabilidad de la tierra, el Frente Nacional impulsó tres grandes proyectos de reforma agraria y de riego en Córdoba, auspiciados por la Alianza para el Progreso.
No obstante, la redistribución de la propiedad fue mínima. Entre 1968 y 1975 se adjudicaron 4.203 hectáreas a 300 familias, pero se desecaron más de 10.000 hectáreas de ciénagas y humedales, que caerían tarde o temprano en manos del latifundio. No le faltó fundamento a Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura de Lleras Restrepo, cuando concluyó que el Incora “protegió el latifundio ganadero al institucionalizar la ganadería extensiva como ‘adecuada’ forma de explotación de la tierra”. El mismo Lleras fue consciente de la tendencia y trató de impedirla al organizar la ANUC, que en Córdoba llegó a tener más de 30.000 campesinos y pescadores asociados.
Tomado de : http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso100701-viaje-al-corazon-del-alto-sinu
Enviado por : Raul Vasquez - Ecosocial
Los reparos a un megaproyecto hidroeléctrico
Por: Alfredo Molano
El escritor y periodista Alfredo Molano descubre uno a uno los “peros” de la construcción del embalse Urra II, un proyecto en el que está empeñado el alto Gobierno, y nos presenta, a su estilo, una desoladora radiografía ambiental.
Embalse Urrá I
Urrá I entró en funcionamiento en el año 2000. El embalse inundó 7.400 hectáreas y la obra costó 800 millones de dólares, que fueron financiados por la banca mundial.
La carretera entre Medellín y Montería es un mirador privilegiado de metáforas vivas. En la salida misma de la que se llamó la “tacita de plata”, agobian las comunas, debatiéndose entre la pobreza y el delito; más adelante, en zona fría, La Montaña —Don Matías y Santa Rosa— que huele a seminario y a leche. En el lomo de la cordillera, Valdivia, con sus casas encaramadas sobre el precipicio, y bajando hacia el río Cauca, sobre las cunetas de una carretera siempre en construcción, 232 ranchos, unos hechos con orillos de madera, llamados chilapos; otros, con cartón encerado, y los más, con plástico negro. Son las viviendas de campesinos expulsados de sus tierras hace 20 años que no acaban de llegar.
Más abajo, el río Cauca, impetuoso, envenenado con detergentes y matamalezas y, a sus orillas, las haciendas de los terratenientes paisas, mitad honrados, mitad mafiosos: ganado fino que reina en las vegas y en algunas donde hay humedales, hatos de búfalos. El búfalo, más depredador que la vaca, vive de la hierba de pantanos y con sus pezuñas y su peso aprieta la tierra y facilita la desecación. Es una máquina de hacer desierto, por lo que lo usan sus dueños para ganarles tierra a las ciénagas.
Por naturaleza, los terratenientes son expansionistas: les compran —o les compran— a los vecinos, desecan espejos de agua —que no les pertenecen— y corren las cercas hasta las bermas mismas de las carreteras, con el argumento de impedir invasiones. Es el paisaje económico entre Tarazá —tierra de Cuco Vanoy—, Caucasia —haciendas de Macaco— y Montería —tierras ubérrimas—. En el fondo es la historia expansiva y depredadora de la gran ganadería que ha imperado en Córdoba desde mediados del siglo XIX y que explica buena parte de la violencia que vive la región desde el asesinato de Gaitán. Pero es, además, el principio en que se funda la decisión del gobierno de Uribe de construir el embalse Urrá II, alias, “Proyecto río Sinú”. Las hidroeléctricas de Córdoba no son un asunto de energía y ni siquiera de aguas. Son un problema de tierras.
El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y Esmeralda; lo estrecha la loma de Quimar —donde se construyó Urrá I— y luego se riega por las sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión momposina. Todas son tierras riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.
En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de un conflicto social que desde la importación del pasto pará, a fines del siglo XIX, no cesa. Los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos —trabajadores anfibios, herederos de los zenúes— resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el Incora en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas.
La última guerra civil (1899-1902) movilizó los ejércitos conservadores antioqueños hacia el Sinú para cerrar el paso de los liberales atrincherados en Panamá. Los antioqueños descubrieron así unas tierras ocupadas por bosques ricos en maderas finas —que terminaron siendo explotadas por compañías extranjeras— y por una población indígena desplazada por negros cimarrones o libertos, desplazados a su turno por mestizos —o chilapos—, todos pescadores y todos agricultores y todos ocupando territorios definidos. Los hacendados, todos blancos y ricos, llegaron de Bolívar, de Antioquia y de Magdalena.
En los años 30, cuando López sacó adelante la función social de la propiedad, los terratenientes ocupaban tierras baldías con sus ganados para hacer actos de posesión sobre ellas, y los campesinos invadían tierras baldías o no con el mismo propósito. Los hacendados eran también militares y políticos, como el coronel Francisco Burgos y el general Pedro Nel Ospina, símbolos de un terratenientismo desaforado; y de otro lado, los campesinos eran sindicalistas organizados por Vicente Adamo, un anarquista italiano, o por Juana Julia Guzmán, una “mulata briosita”.
La ocupación de tierras y ciénagas se acentuó durante la Violencia de los 50. Julio Guerra se levantó en el alto San Jorge contra la persecución de los chulavitas y controló hasta los años 60 la región del Paramillo, donde a fines de la década nació el Epl. En las sabanas, los campesinos afianzaban sus posesiones con Baluartes y Colonias Campesinas, mientras el gobierno valorizaba las tierras con la construcción de carreteras —de Turbo a Valencia, de Arboletes a Montería, de Turbo a Pueblo Bello—. Justo por la alta rentabilidad de la tierra, el Frente Nacional impulsó tres grandes proyectos de reforma agraria y de riego en Córdoba, auspiciados por la Alianza para el Progreso.
No obstante, la redistribución de la propiedad fue mínima. Entre 1968 y 1975 se adjudicaron 4.203 hectáreas a 300 familias, pero se desecaron más de 10.000 hectáreas de ciénagas y humedales, que caerían tarde o temprano en manos del latifundio. No le faltó fundamento a Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura de Lleras Restrepo, cuando concluyó que el Incora “protegió el latifundio ganadero al institucionalizar la ganadería extensiva como ‘adecuada’ forma de explotación de la tierra”. El mismo Lleras fue consciente de la tendencia y trató de impedirla al organizar la ANUC, que en Córdoba llegó a tener más de 30.000 campesinos y pescadores asociados.
Tomado de : http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso100701-viaje-al-corazon-del-alto-sinu
Enviado por : Raul Vasquez - Ecosocial
sábado, 20 de diciembre de 2008
Agarrese la cabeza
Ramiro velaquez Gomez
En 1980 Antioquia tenía 1'891.000 hectáreas de bosque denso, casi puro. Veinte años después, quedaban solo 383.000.
Los datos de un trabajo que prepara el investigador de la Universidad Nacional Sergio Alonso Orrego son concluyentes: la tasa de deforestación alcanzó 75.000 hectáreas año, cifra similar a la expuesta en un estudio distinto por Mauricio Alviar, de la Universidad de Antioquia.
Para acabar de alarmarse y tomarse la cabeza: De aquella cobertura, 198.285 hectáreas fueron convertidas en pastos, transformando la fuente primaria de control de gases de invernadero que beneficia a todos los humanos, en alimento para ganado. Y es solo lo que pasó de bosque denso a pasto.
Hoy, el 38 por ciento de Antioquia es puro pasto. Otro 20 por ciento son rastrojos de diferente tamaño, terrenos abandonados luego de tumbar el bosque. En dos regiones se concentra más bosque natural: hacia el Paramillo y sectores de Ituango, y hacia los límites de Urrao y Urabá con Chocó.
El Bajo Cauca era la otra gran zona con cobertura boscosa en 1980. De eso quedan solo áreas aisladas en medio de potreros.
Es esta la mayor contribución antioqueña al daño planetario.
Tomado de : El Colombiano 18 de Junio de 2008
En 1980 Antioquia tenía 1'891.000 hectáreas de bosque denso, casi puro. Veinte años después, quedaban solo 383.000.
Los datos de un trabajo que prepara el investigador de la Universidad Nacional Sergio Alonso Orrego son concluyentes: la tasa de deforestación alcanzó 75.000 hectáreas año, cifra similar a la expuesta en un estudio distinto por Mauricio Alviar, de la Universidad de Antioquia.
Para acabar de alarmarse y tomarse la cabeza: De aquella cobertura, 198.285 hectáreas fueron convertidas en pastos, transformando la fuente primaria de control de gases de invernadero que beneficia a todos los humanos, en alimento para ganado. Y es solo lo que pasó de bosque denso a pasto.
Hoy, el 38 por ciento de Antioquia es puro pasto. Otro 20 por ciento son rastrojos de diferente tamaño, terrenos abandonados luego de tumbar el bosque. En dos regiones se concentra más bosque natural: hacia el Paramillo y sectores de Ituango, y hacia los límites de Urrao y Urabá con Chocó.
El Bajo Cauca era la otra gran zona con cobertura boscosa en 1980. De eso quedan solo áreas aisladas en medio de potreros.
Es esta la mayor contribución antioqueña al daño planetario.
Tomado de : El Colombiano 18 de Junio de 2008
viernes, 19 de diciembre de 2008
Los EIA s
Estudios de Impacto Ambiental ( EIA )
El impacto ambiental de las represas es extremadamente complejo y difícil de predecir. Debe exigirse una evaluación minuciosa del posible impacto ambiental que puede ocasionar una represa antes de que se ponga en marcha cualquier etapa del proyecto. Desdichadamente, los gobiernos y las compañías constructoras de represas han hecho que el proceso de EIA sea una formalidad burocrática, un simple obstáculo que las empresas deben superar para que su proyecto sea aprobado. Raramente los gobiernos y agencias de financiación tratan a los EIA como estudios serios que deben emplearse para emprender un debate abierto acerca de la viabilidad del proyecto. Por el contrario, los toman como la vía más simple para obtener la autorización para realizar el proyecto.
La apreciación acerca de si los daños ambientales que puede causar la represa son mayores que los beneficios es una apreciación de carácter político y nada imparcial. Las decisiones que comportan tales apreciaciones deben tomarse después de un debate entre los afectados y la opinión pública, los que deberán estar previamente informados. El balance entre el costo de la extinción de una especie o estuario y el beneficio de un aumento de la capacidad generadora de electricidad no debe ser realizado únicamente por los consultores, que tienen interés en que se proyecten y construyan más represas. Las consultorías ambientales se ha convertido en un lucrativo negocio internacional. Las evaluaciones ambientales de los proyectos de grandes represas son realizadas sobre todo por consultores de un número limitado de compañías, algunas de las cuales están directamente involucradas en la construcción de represas.
Se crea un evidente conflicto de intereses cuando la compañía que evalúa la viabilidad ambiental de un proyecto puede ser la misma que se contrata para construir la represa. Incluso consultores aparentemente independientes y sin un vínculo directo con las empresas constructoras de represas tienen un gran interés en minimizar el impacto ambiental del proyecto y exagerar sus beneficios. Si sus conclusiones no son favorables a las agencias de financiación de represas o a las empresas constructoras, estas consultoras no volverán a ser contratadas en el futuro. Por consiguiente, las conclusiones de un EIA acerca de una gran represa pueden intuirse antes de leer el informe: el impacto ambiental de la represa será relativamente menor, fácilmente mitigable y relativamente barato. Aunque algunas secciones individualmente consideradas de un EIA sean críticas o planteen interrogantes preocupantes sobre algunos de los efectos que no pueden ser previstos, esos aspectos son invariablemente minimizados en las conclusiones del informe y las críticas hechas en el borrador suelen desaparecer en la versión final.
Tomado de: Red Internacional de los Rios ( Guardianes de los rios )
La apreciación acerca de si los daños ambientales que puede causar la represa son mayores que los beneficios es una apreciación de carácter político y nada imparcial. Las decisiones que comportan tales apreciaciones deben tomarse después de un debate entre los afectados y la opinión pública, los que deberán estar previamente informados. El balance entre el costo de la extinción de una especie o estuario y el beneficio de un aumento de la capacidad generadora de electricidad no debe ser realizado únicamente por los consultores, que tienen interés en que se proyecten y construyan más represas. Las consultorías ambientales se ha convertido en un lucrativo negocio internacional. Las evaluaciones ambientales de los proyectos de grandes represas son realizadas sobre todo por consultores de un número limitado de compañías, algunas de las cuales están directamente involucradas en la construcción de represas.
Se crea un evidente conflicto de intereses cuando la compañía que evalúa la viabilidad ambiental de un proyecto puede ser la misma que se contrata para construir la represa. Incluso consultores aparentemente independientes y sin un vínculo directo con las empresas constructoras de represas tienen un gran interés en minimizar el impacto ambiental del proyecto y exagerar sus beneficios. Si sus conclusiones no son favorables a las agencias de financiación de represas o a las empresas constructoras, estas consultoras no volverán a ser contratadas en el futuro. Por consiguiente, las conclusiones de un EIA acerca de una gran represa pueden intuirse antes de leer el informe: el impacto ambiental de la represa será relativamente menor, fácilmente mitigable y relativamente barato. Aunque algunas secciones individualmente consideradas de un EIA sean críticas o planteen interrogantes preocupantes sobre algunos de los efectos que no pueden ser previstos, esos aspectos son invariablemente minimizados en las conclusiones del informe y las críticas hechas en el borrador suelen desaparecer en la versión final.
Tomado de: Red Internacional de los Rios ( Guardianes de los rios )
PRESENTACION
Las grandes represas hidroeléctricas: Dinosaurios destinados a desaparecer
La historia de las grandes represas hidroeléctricas es la historia de la violación de los derechos básicos de los pueblos que habitaban el área inundada por cada una de las decenas de miles de represas que hoy obstruyen innumerables cursos de agua en todo el planeta. Es también la historia de la desaparición de numerosos ecosistemas y de la radical modificación de otros.
Millones de hectáreas de bosques han quedado sumergidas bajo las aguas, afectando así a la fauna y flora locales y privando a los pobladores locales de sus tierras y medios de supervivencia.
Pero el impacto de las represas no se circunscribe al área de su embalse, sino que va mucho más allá. Por un lado, porque los cambios que genera la represa en el régimen hidrológico hacen desaparecer especies de fauna acuática -que se ven imposibilitadas de sortear la enorme barrera que significa la represa en si- lo que genera impactos graves sobre otras especies vinculadas a la misma cadena alimenticia, que también desaparecen o cuyas poblaciones disminuyen drásticamente.
Toda la población humana dependiente de esas especies a lo largo del río se ve entonces gravemente afectada en sus posibilidades de supervivencia. Por otro lado, impactan sobre otras áreas boscosas como resultado de la migración forzada a que son sometidas las poblaciones afectadas, que son normalmente "reasentadas" en otras áreas boscosas. Privadas de sus medios de vida tradicionales, estas poblaciones se ven obligadas a cortar áreas de bosque para poder destinarlas a sus cultivos agrícolas tradicionales. La pérdida de bosques por ende se duplica.
Tomado de: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales ( http://www.wrm.org.uy )
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